El plan lleva nombre de empresa, valoración de 20.000 millones de dólares y un objetivo claro: sentar inversores privados a la mesa del Mundial. La UEFA responde que cruza una línea que ninguna institución rectora debería cruzar. Entre esas dos lecturas se abrió hoy una grieta institucional que no se limita a un comunicado airado: pone en juego quién controla el activo más valioso del deporte y bajo qué lógica se administrará en la próxima década.
FIFA avanza en la creación de Fifa Forward Enterprise, una sociedad valorada en torno a 20.000 millones de dólares que agruparía los derechos comerciales del Mundial masculino, el torneo femenino y el Mundial de Clubes. El esquema contempla que inversores privados adquieran una participación minoritaria, inicialmente en el rango del 20 al 30 por ciento, mientras el organismo conserva la mayoría y destina alrededor del 20 por ciento restante a sus 211 asociaciones miembro. JP Morgan estructura la operación. El fondo de Joshua Kushner lidera la búsqueda de capital. El mensaje oficial habla de un negocio enfocado, con beneficios netos reinvertidos en el fútbol mundial y un salto en las transferencias a las federaciones, de unos 8 millones de dólares anuales a 20 millones, además de un reparto extraordinario que podría superar los 10.000 millones en conjunto.
La promesa es contundente para asociaciones pequeñas, donde esa cifra multiplica varias veces el presupuesto ordinario. También es la llave política del proyecto. Sin el Congreso y el Consejo, no hay operación. Con un cheque de esa magnitud sobre la mesa, la oposición europea corre el riesgo de quedar aislada aunque grite más fuerte.
La arquitectura financiera no es un detalle técnico. Es el núcleo del conflicto. FIFA insiste en que la gobernanza del juego y el calendario internacional posterior a 2030 seguirán bajo su control. Los inversores, dice, comprarán intereses minoritarios y no controladores, seleccionados con cuidado y a largo plazo. Esa distinción importa en el papel. En la práctica, un capital privado que paga miles de millones por una porción de los flujos futuros del Mundial no se sienta a esperar en silencio.
El retorno exige crecimiento. Más partidos, más ediciones, sedes con mayor capacidad de generar ingresos por televisión, patrocinio, entradas y hospitalidad. Infantino ya dejó en claro que una propuesta sudamericana para llevar el Mundial de 48 a 64 selecciones será analizada con seriedad. El torneo de este verano en Estados Unidos, Canadá y México, ganado por España, fue el primero con 48 equipos y empujó los ingresos del ciclo por encima de los 15.000 millones de dólares. Ese éxito comercial no cierra el apetito: lo alimenta.
La misma lógica se proyecta sobre el Mundial de Clubes, relanzado y ampliado en medio de tensiones con ligas domésticas y confedereaciones. Si la nueva sociedad necesita maximizar valor, la presión para hospedarlo en mercados de alto rendimiento comercial, incluido el Golfo, deja de ser una hipótesis abstracta. Interrumpir temporadas europeas, como ocurrió con Qatar en 2022 por el calor, volvería a aparecer como costo aceptable frente a una cuenta de resultados que ya no es solo institucional.
Ahí se entiende la dureza del lenguaje de la UEFA. No habla solo de reparto de dinero. Habla de vender el alma del fútbol y de una transparencia nula sobre quién gana financieramente. Advirtió que el asunto debe tomarse en serio por federaciones, ligas, clubes, jugadores, aficionados y gobiernos. Y evalúa su posición jurídica. Las relaciones entre ambos organismos están en su punto más bajo, agravadas por episodios recientes de interferencia percibida en la integridad competitiva del propio Mundial. El anuncio de Fifa Forward Enterprise no llega a un terreno neutro: cae sobre una rivalidad ya en carne viva.
El diseño también reabre una pregunta de gobernanza personal que FIFA prefiere mantener a distancia. Infantino, con un tercer mandato que lo llevaría hasta 2031 y con reelección prácticamente despejada, quedaría fuera de la presidencia por estatuto. En el entorno del plan ha circulado la idea de que podría pasar a dirigir la nueva compañía como comisionado o primer ejecutivo, con una compensación alineada a estándares de ligas mayores estadounidenses, muy por encima de su remuneración actual. El organismo ha negado que existan conversaciones formales sobre ese rol. La sola posibilidad, sin embargo, basta para encender alertas sobre conflictos de interés: quien diseña la estructura comercial no debería poder heredarla después.
No es la primera vez que Infantino intenta atraer capital privado a gran escala. En 2018 un acuerdo de principio por 25.000 millones de dólares con SoftBank, respaldado por fondos soberanos, para un Mundial de Clubes ampliado y una Liga de Naciones global naufragó por falta de apoyos, sobre todo europeos. Ahora el mapa de poder es distinto. El peso de las asociaciones de fuera de Europa, sumado al incentivo directo de acciones o pagos millonarios, puede bastar para aprobar lo que entonces se bloqueó. Varios acuerdos no vinculantes ya habrían sido suscritos bajo cláusulas de confidencialidad. El Consejo de FIFA, según se ha sabido, quedó en buena medida al margen del proceso hasta que la información se hizo pública.
Ese método de decisión refuerza la tesis europea. Si el fútbol no es propiedad de FIFA para venderlo, tampoco debería reconfigurarse su capa comercial en una sala reducida con bancos de inversión y fondos vinculados a redes políticas de Washington. La cercanía de Infantino con la órbita de Donald Trump, visible a lo largo del ciclo del Mundial norteamericano, añade una capa de lectura política que el propio proyecto no necesita para ser polémico, pero que tampoco puede borrar.
El problema de fondo no se resume en si se vende o no “el Mundial”. Los inversores no comprarían el trofeo ni el derecho a dictar el reglamento desde el primer día. Comprarían exposición a los flujos y a la valorización de una empresa que concentra derechos sobre los productos más rentables de FIFA. La pregunta decisiva es qué derechos acompañan a esa exposición: asientos en el consejo, vetos, acceso a información, capacidad de empujar la estrategia comercial, facilidades de salida o cláusulas que premien la expansión del producto.
Mientras esos documentos no se publiquen con detalle, la promesa de separación entre gobernanza deportiva y máquina de ingresos es un acto de fe. Una fe difícil de sostener cuando cada decisión sobre formato, frecuencia o sede altera de inmediato el valor de la compañía. FIFA puede conservar la mayoría societaria y, aun así, gobernar bajo la sombra de un socio que midió su entrada en múltiplos de flujo de caja.
Para el calendario global las consecuencias serían estructurales. Más ventanas, más congestión, más choques con ligas y con la propia UEFA, que ya compite por espacio y relevancia. Para las asociaciones menores, el plan ofrece oxígeno fiscal inmediato. Para los clubes europeos de elite, amenaza con otra capa de torneos que interrumpen sus competiciones y erosionan el control sobre sus jugadores. Para el aficionado, el riesgo es un producto cada vez más moldeado por la rentabilidad de la sede y la densidad de partidos, no por el equilibrio deportivo.
La operación todavía necesita votos. También necesita sobrevivir al escrutinio legal y político que la UEFA y otros actores están dispuestos a activar. Pero el solo hecho de que una sociedad de 20.000 millones de dólares construida sobre el Mundial haya pasado de rumor a proyecto con banco, fondo líder y promesa de reparto masivo indica que el centro de gravedad del poder en el fútbol está desplazándose otra vez. No hacia una confederación rival, sino hacia una lógica de empresa donde el juego sigue siendo el contenido y el control real se mide en quién captura el valor residual.
Si Fifa Forward Enterprise avanza, ya no se discutirá cuánto dinero puede sacar el Mundial. Se discutirá si el fútbol tolera dueños externos sentados, aunque sea en minoría, en la mesa donde se fijan el tamaño, el ritmo y el mapa del torneo que organiza al planeta cada cuatro años.
