Ciento catorce cargos en contra y uno solo absuelto: el Manchester City disputa la magnitud del castigo por sus finanzas entre 2009 y 2018. La resolución de la comisión independiente se conoció sin sanciones adjuntas y con un camino de apelación por delante que puede demorar el desenlace definitivo uno o dos años. Desde los despachos del club insisten en que el expediente sigue bajo confidencialidad y sostienen la postura fijada en febrero de 2023, cuando defendieron haber respetado el debido proceso a lo largo de ocho años frente a lo que consideraban un regulador imparcial.
El detalle de las infracciones explica por qué la discusión abandonó el terreno del simple descuido administrativo. El dictamen contempla 54 cargos por suministro de información financiera inexacta, catorce por remuneraciones no declaradas adecuadamente a futbolistas y entrenadores, siete por quebrantar las normas de rentabilidad y sostenibilidad en los ejercicios 2015-16 y 2017-18, cinco relativos al control financiero de la UEFA y 35 por negarse a cooperar con las investigaciones de la propia liga entre finales de 2018 y 2023. La acumulación dibuja una conducta sostenida en el tiempo, cuya resolución forzará a la Premier League a fijar un castigo que resulte creíble sin dinamitar la estabilidad de su propio negocio.
Aunque la expulsión formal figura en los reglamentos como la sanción más severa, su aplicación tropieza con problemas operativos inmediatos respecto al destino del plantel, las instalaciones y los compromisos comerciales del club. La vía más pragmática para forzar una pérdida de categoría se perfila a través de una quita de puntos tan pronunciada que vuelva inviable la permanencia deportiva. En las conversaciones en torno al tribunal circulan cifras de sesenta, setenta u ochenta puntos, medidas con una vara distinta a los seis puntos que recibió Everton en su momento por una falta puntual. Multas millonarias, inhabilitación de ejecutivos y la marca simbólica sobre los títulos obtenidos en ese decenio integran las alternativas sobre la mesa, con el dilema de que una sola temporada en el ascenso podría amortiguarse si el sostén económico permanece intacto.
Cualquier alteración de la tabla o quita de trofeos sigue siendo precipitación mientras no se publiquen los fundamentos por escrito y se agote la apelación: el City todavía no ha recibido una pena concreta. El desgaste de ocho años de pesquisas y casi dos desde el cierre de las audiencias ya pasó factura institucional. La Premier League encara un dilema de supervivencia pública: si impone una sanción blanda, quedará expuesta ante las sospechas de complicidad; si aplica un castigo ejemplar, enfrentará una batalla judicial prolongada contra un rival con recursos ilimitados para litigar cada línea del reglamento.
A esa disputa se suma el frente civil que preparan varios competidores directos. Entidades como Arsenal, Liverpool y Manchester United han tomado recaudos legales para exigir reparaciones económicas si el fallo adquiere firmeza, con el antecedente de los cerca de 35 millones de libras (unos 44 millones de USD) que Burnley reclamó a Everton por perjuicios derivados de su penalización. Determinar el impacto financiero de una clasificación europea perdida, un título resignado o el efecto de competir contra planteles costeados al margen de la norma amenaza con desatar un encadenamiento de demandas que sobrevivirá al propio expediente deportivo.
La sacudida alcanza de lleno al Abu Dhabi United Group, cuya presencia abarca patrocinios, predios de entrenamiento y la proyección global de su inversión estatal. Si el dictamen no sufre modificaciones en segunda instancia, las autoridades británicas podrían aplicar exámenes de idoneidad sobre directores del club vinculados a la administración de los Emiratos. Una inhabilitación de esa jerarquía obligaría a replantear la estructura de mando o incluso la viabilidad de financiar una institución con masa salarial de élite e infraestructura pesadísima en un escenario de pérdida de ingresos por descenso.
El coste reputacional altera también el relato de eficiencia que el club construyó durante una década. Aunque los futbolistas actuales, el personal de las oficinas y los aficionados de a pie no hayan participado en los manejos contables investigados, el peso de las sospechas se traslada sobre ellos. La opacidad de un proceso resuelto a puertas cerradas, donde solo el tribunal de tres miembros y los abogados conocieron el expediente íntegro, alimenta la suspicacia colectiva y dificulta que las sanciones se comprendan en su real dimensión técnica.
Como resulta imposible calcular con exactitud cuántos goles o puntos derivaron de cada irregularidad en una fecha determinada, las medidas disciplinarias más viables apuntan a restringir el futuro inmediato de la entidad antes que a reescribir retrospectivamente cada partido jugado. Prohibiciones de fichajes, topes de gasto más severos y deducciones aplicadas en varios torneos consecutivos permitirían recomponer el orden competitivo sin abrir debates absurdos sobre resultados pasados. La apelación que el City prepara con sus equipos jurídicos medirá si la Premier League puede hacer valer sus reglas contra el club que más las estiró.
